Me desayuno esta mañana con una noticia en la Vanguardia: El riesgo fotovoltaico amenaza a la banca; los bancos podrían “comerse” 20.000 millones de euros.
Los proyectos instalados en España hasta la fecha, que suman 3.500 megavatios, están apoyados en el crédito bancario entre el 80 y el 90 % de la inversión total. Es decir, los bancos, nacionales o extranjeros, han puesto entre 18.400 y 20.700 millones de los 23.000 que lleva invertidos la industria en el mercado español.
La razón de este problema es que el Ministerio de Industria piensa reducir la retribución que da a las fotovoltaicas entre un 30 y un 50 %, antes del 1 de julio. El problema es que las instalaciones de antes del 28 de setiembre del 2008 reciben una prima de 0,45 euros por kWh producido (R.D. 661/2007), mientras que las posteriores a esta fecha reciben 0,31 euros si están ubicadas en tejados y 0,265 si se trata de sistemas en suelo (R.D. 1578/2008), y el gobierno pretende reducir la retribución tanto para las plantas existente como para las futuras.
Si se reducen las primas en la cuantía deseada por el gobierno, los propietarios de las centrales no podrían ni pagar los intereses de los préstamos concedidos por los bancos, por lo que las asociaciones patronales estarían de acuerdo en admitir retribuciones en torno a 0,20 euros/kWh, pero sólo para las nuevas instalaciones, pero se niegan a aceptar modificaciones en las que están funcionando.
El pasado 8 de marzo publicó el New York Times un artículo titulado Solar Industry Learns Lessons in Spanish Sun, donde se hace un análisis lúcido de la creación de la burbuja fotovoltaica en España, basada en unas instalaciones de baja calidad y de pobre rendimiento que son totalmente dependientes de unas subvenciones exageradas, concedidas por el gobierno español. Debido a estas generosas subvenciones, la capacidad prevista, que era de 400 megavatios, ha crecido desmesuradamente hasta los 3.500 actuales.
Si no se bajan las subvenciones sólo quedan dos posibilidades: subir la tarifa de la electricidad o aumentar el déficit de tarifa, dos posibilidades que, después de las recientes medidas de reducción del déficit que se acaban de adoptar, son prácticamente imposibles de tomar.
Por otra parte, para el sistema financiero, otro agujero de 20.000 millones de euros (a sumar al de 60.000 millones de activos inmobiliarios que ya han asumido de la burbuja del ladrillo), puede ser un duro golpe, al tener que asumirlos en sus balances.
Foto tomada del artículo del New York Times, en la que se ve a un agricultor de Puertollano que vendió terrenos para parques fotovoltaicos en la época del “boom”.
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