Las emisiones de carbono de
las centrales eléctricas e industriales están limitadas y gestionadas por el régimen
de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea (UE), que opera en los
28 países comunitarios y en Islandia, Liechtenstein y Noruega. En total,
engloba 11.000 instalaciones de gran consumo de energía (además de compañías
aéreas) y cubre alrededor del 45% de las emisiones de gases de efecto
invernadero de la UE.
El sistema establece un
límite máximo a la cantidad total de determinados gases de efecto invernadero
que pueden emitir las instalaciones contempladas en el régimen. En base al
límite establecido, las empresas afectadas reciben (si emiten menos CO2
del que tienen asignado) o compran (si emiten más CO2 del que tienen
asignado) derechos de emisión, con los que pueden comerciar en función de sus
necesidades. Al final de cada año, las empresas deben entregar suficientes
derechos para cubrir todas sus emisiones ya que, en caso contrario, se les
imponen fuertes sanciones.
Este régimen arrancó hace una
década, con el objetivo de ir reduciendo el límite de emisiones permitidas para
que su coste se fuera elevando, y de esta forma, fomentar la inversión en
energías limpias. Hasta ahora, el mecanismo no ha funcionado, pues el precio
por contaminar estaba muy bajo. En efecto, en el año 2008 su precio fue, en
promedio, en 22 € por tonelada de CO2 emitida, un precio que se
consideró adecuado para fomentar la inversión en energías limpias. Del año 2009
al 2011, el precio medio bajó a los 13 €/tonelada, y del 2012 al 2017 se
mantuvo en 6 €/tonelada. Con este precio, las empresas eléctricas preferían
pagar a invertir en energías menos contaminantes.
Sin embargo, a partir de 2018
la situación empieza a dar un giro, entre otras cosas debido a la reducción de
los derechos de emisiones, en el marco de los compromisos globales y europeos
en la lucha contra el cambio climático. En 2018, el precio medio fue de 16
€/tonelada y, en lo que va del año 2019, ha subido hasta los 25 €/tonelada en
el mes de junio. Los especialistas estiman que este precio puede llegar a los
35 o 40 euros por tonelada de CO2 emitida a la atmósfera a finales
del año 2020. Con este precio, las actuales centrales térmicas de carbón
serían, muy probablemente, inviables económicamente.
Se cumplirá el objetivo de disminuir
las emisiones de CO2 a la atmósfera, pero será a cambio del cierre
de muchas instalaciones actuales y, como consecuencia, de la ruina de las
comarcas donde se ubican estas instalaciones. Nunca se obtiene nada a cambio de
nada.