En España los clientes mantienen una deuda con el conjunto del sector eléctrico, que se acumula creciendo de forma crónica año a año, porque los costes de las actividades reguladas son superiores a lo que cada ejercicio se recauda para cubrirlos a través de los peajes de acceso que aprueba el Gobierno.
A esta deuda, que comenzó a generarse hace más de una década, se le denomina déficit tarifario.
Hay una cierta confusión cuando se trata de cifrar este déficit: hace unos días, el ministro de Industria lo cifraba en unos 24.000 millones de euros, mientras que otras fuentes, como la consultora PwC (Diez temas candentes des sector eléctrico español para 2012) la estiman en 28.900 millones de euros a finales del año 2011. Estos 28.900 millones de euros representan casi un 3 % del PIB.
En el año 2002 el déficit acumulado ascendía a 1.910 millones de euros, aunque este déficit prácticamente no aumentó durante los dos años siguientes. Toda la regulación que se ha desarrollado desde entonces no ha conseguido atajar el problema del déficit. En 2009, mediante el Real Decreto Ley 6/2009, se fijaron unos topes anuales de déficit para conseguir su eliminación en 2013: 3.500 millones en 2009, 3.000 en 2010, 1.500 en 2011, 1.000 en 2012 y equilibrio en 2013.
Un año después, debido a que los peajes aprobados seguían sin reflejar el coste de las actividades reguladas, mediante el Real Decreto Ley 14/2010 se fijaron unos nuevos topes, una vez que en dicho ejercicio se alcanzó una cifra récord de déficit anual. Estos nuevos límites al déficit anual se establecieron en 3.000 millones en 2011, 1.500 en 2012 y equilibrio en 2013. En 2011, la previsión es de volver a incumplir el límite establecido para la cifra del déficit, aunque esta vez por un margen pequeño.
La causa de este déficit es sencilla: por un lado, se determinan las retribuciones a los productores, y por otro lado, el gobierno aprueba unos costes de peaje de acceso insuficientes para dar cobertura a estas retribuciones, para no tener que aumentar la tarifa. Un ejemplo es lo que pasó en setiembre del año pasado, en que el precio de la subasta para la Tarifa de Último Recurso aumentó, pero, como el gobierno socialista consideró que no era políticamente bueno para él un aumento de la tarifa, disminuyó el coste del peaje de acceso, aumentando el déficit. Por cierto, esta disminución del coste del peaje de acceso de setiembre 2011 ha sido declarada ilegal por los tribunales.
El déficit generado anualmente se recupera en los siguientes 15 años con cargo a los peajes de acceso, incluyendo los costes financieros asociados. En el período 2005-2010 los clientes hemos pagado ya más de 8.000 millones de euros por este concepto, que representa actualmente un 7 % de la factura anual media doméstica.
Los costes regulados fueron de 18.310 millones de euros en 2010, de los que las primas acordadas al régimen especial representaron un 39 %, y la anualidad correspondiente al déficit representa un 14 %. Estos dos factores, que suman más del 50 % del total, son costes derivados de la política energética y medioambiental del gobierno.
Para cumplir con los objetivos del Real Decreto Ley 14/2010, las tarifas de peaje de acceso que han disminuido en 2011 respecto a las de 2010, deberán subir significativamente en 2012 y 2013, como se ve en el gráfico siguiente. Un 31 % en 2012 y un 17 % en 2013.
La primera proposición del nuevo gobierno para reducir el déficit ha sido la suspensión temporal de las primas a las instalaciones de régimen especial de nueva construcción. Otra posible solución sería la de eliminar de los peajes de acceso todos los costes derivados de la política energética, que nada tienen que ver con los costes de suministro, creando una nueva partida en la factura, lo que haría más lisible para el ciudadano el coste de las políticas energéticas y medioambientales del gobierno, aunque esto no disminuiría el aumento del precio del kWh. Veremos lo que decide el nuevo ministro de Industria.
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